La energía solar fotovoltaica consiste en obtener electricidad del sol a través de paneles solares. En el ranking mundial ocupamos el sexto lugar (según el ultimo informe de REN21), mientras que un lugar con menos horas de luz y radiación solar, como Alemania, ocupa el primer puesto y multiplica por siete los número españoles: 35.000 MW frente a 5.000 MW. Después de que las últimas medidas legislativas pararan en seco la construcción de huertos y centrales fotovoltaicas (ejemplo de esto último es la planta solar PS20, en Sevilla, que tiene 1.255 helióstatos y una torre de 165m, produciendo energía que evita la emisión de 12.000 toneladas de CO2), la esperanza está en las instalaciones sobre techo, sean en vivienda, centros de ocio o zonas industriales. Esto tendría varios aspectos positivos:
- potenciaría la generación distribuida y favorecería directamente a los consumidores, que se convertirían también en productores
- así mismo facilitaría la incorporación de numerosas personas al mercado de trabajo, gran parte de ellos podrían ser los procedentes de la construcción que con la crisis han quedado en paro.
Sin embargo la normativa que regulará el autoconsumo eléctrico mantiene parado al sector por las condiciones que el Gobierno y las compañías eléctricas han introducido en el borrador. El proyecto desincentiva el autoconsumo y vulnera la directivas europea sobre eficiencia energética (sobre lo cual La Comisión ya le ha dado un tirón de orejas a Marianico). Ello es debido a que se establece un procedimiento de autorización de instalaciones especialmente gravoso, incluso para aquellas instalaciones que no vierten a la red o porque se impone un cargo por la energía autoconsumida que resulta injusto, innecesario y discriminatorio: hace que el consumidor pague más peajes por la energía autoconsumida que si la saca de la red eléctrica. Dicho cargo es todavía más elevado si se acumula en baterías (aquí es donde la compañias eléctricas han apretado de lo lindo para que no venga a España la batería Tesla) lo que resulta inaceptable ya que la acumulación en baterías es un elemento de gestión de la demanda y de aprovechamiento de la energía consumida. También prohibe que los consumidores que tengan un precio regulado (los de Precio Voluntario al Pequeño consumidor o los del Bono social) puedan tener una instalación de autoconsumo. Esto impide que el autoconsumo se convierta en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, algo que sufren siete millones de personas en España, y que debería ser prioritario para el Gobierno.
Pero ya sabemos que la gente no es lo que importa a este Gobierno pues trabaja para intereses puramente espurios.
No queda sino batirnos.
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